El Duopolio Contra el Congreso de la Unión

El miércoles 5 de septiembre del 2007 es un día que será indudablemente histórico por una razón fundamental: es el día que marca el inicio del enfrentamiento entre dos titanes, por un lado el bando formado por los poderosos consorcios de la televisión en México que se sienten casi dueños del país y en entera libertad para hacer lo que les pegue la gana, y por el otro lado el Congreso de la Unión.

En ese día miércoles 5 de septiembre del 2007, y reaccionando alarmada ante otro asunto que en realidad nada tiene que ver con la pretendida remoción de los Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) que se estaba ventilando en el Congreso, TELEVISA le abrió sus puertas de par en par en el noticiero nocturno de Joaquín López-Dóriga a quien siempre fue uno de los mayores cómplices de las fuerzas terribles que están gobernando a México tras bambalinas, dándole una inigualable oportunidad mediática en horario estelar para poder "defenderse" y exponer sus razones para no ser removido de su "chamba". Nos referimos a Luis Carlos Ugalde, el Consejero Presidente del IFE. Después de todo, si Luis Carlos Ugalde desde su puesto rindió servicios tan valiosos al plan urdido entre los grandes empresarios y la reaccionaria ultraderecha para impedir que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador pudiera convertirse en Presidente de México, ¿por qué razón no habrían de acudir a su rescate ahora que casi todos los partidos políticos -exceptuando al PAN- quieren cobrarle las facturas por su pésimo desempeño como árbitro electoral en el 2007? Un rescate en el que, en lo que al PAN respecta y como era de esperarse, el líder nacional del PAN, el ultraderechista Yunquista de línea dura Manuel Espino, dió "línea" a los Diputados y Senadores del PAN para que se opusieran terminantemente en el Congreso de la Unión a cualquier iniciativa para la remoción de los Consejeros del IFE, a sabiendas de que tal consigna es fundamental para atorar varias reformas importantes que están pendientes en el Congreso, muy en especial una que es la que realmente tiene hoy sumamente preocupados a TELEVISA y a TV Azteca. Al día siguiente, de nueva cuenta, el jueves 6 de septiembre del 2007 TELEVISA regresó a su andanada mediática en el mismo noticiero nocturno de Joaquín López-Dóriga, el cual se convirtió en un editorialista de tiempo completo en lugar de un suministrador de noticias creíbles, dando voz a aquellos opuestos (léase, los Diputados y los Senadores del Partido Acción Nacional, siguiendo la "línea" que les fue dada por el ultraderechista Manuel Espino) a la salida de los Consejeros del IFE que se prestaron en el 2006 a lo que se considera un gran fraude. Entre los entrevistados estaban los señores de la CONCAMIN. Y otra vez, el viernes 7 de septiembre del 2007, TELEVISA repitió su acometida en contra de la remoción de los Consejeros del IFE, citando como opositores de dicha remoción a los señores de la Cámara de Comercio. Obsérvese que entre aquellos "entrevistados" por TELEVISA manifestando su oposición a la remoción de los Consejeros del IFE se encontraban precisamente los líderes de las mismas cámaras empresariales que en el 2006, actuando fuera de la ley, estuvieron financiando y estuvieron respaldando la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y TELEVISA tuvo buen cuidado de vetar las voces de aquellos (¡que son muchos!) a favor de la remoción de los Consejeros del IFE. Puesto de otra manera, las mismas fuerzas siniestras que operaron en el 2006 para la consumación de un resultado electoral favorable a los intereses de TELEVISA, del gran capital, del PAN y de la ultraderecha, se volvieron a unir en el 2007 para acudir al rescate de los Consejeros del IFE. Con estas posturas claramente definidas se estaba confirmando lo que siempre se supo. ¿Cómo era posible poner en tela de duda que los Consejeros del IFE siempre mantuvieron en el 2006 una actitud abiertamente parcial a favor del candidato presidencial del PAN y en detrimento de los demás partidos políticos, lo cual ahora en muestra de gratitud estaba siendo correspondido con el apoyo total de Manuel Espino, de los Congresistas del PAN, de TELEVISA, y de las cámaras empresariales, para impedir la remoción de los mismos? Ladinamente, TELEVISA tuvo también mucho cuidado de ocultar otra opción que ciertamente habría resuelto el conflicto motivado por el asunto de la remoción de los Consejeros del IFE. Esta opción-solución radicaba en que todos los Consejeros del IFE, incluyendo desde luego al Presidente Consejero Luis Carlos Ugalde, presentasen voluntariamente su renuncia a sus cargos. De este modo, al no haber sido removidos por nadie, al salir voluntariamente, se habría solventado el conflicto que estaba siendo atizado por TELEVISA. Sin embargo, la salvación de las chambas de los Consejeros del IFE, importante en sí como muestra de que los grandes empresarios y la extrema derecha están dispuestos a proteger a sus aliados, en realidad era una cortina de humo para ocultar algo mucho más importante para los vastos intereses económicos del duopolio televisivo, lo cual trataremos a continuación.

El virtual golpe de Estado dado por la ultraderecha mexicana en alianza con los grandes consorcios mediáticos -TELEVISA y TV Azteca- para quitar del camino en el 2006 al candidato presidencial centro-izquierdista Andrés Manuel López Obrador con una guerra sucia dejó secuelas traumáticas al pueblo de México y a la clase política mexicana que permiten suponer que en el futuro ya no le será tan fácil al enemigo encubierto utilizar sus vastos recursos para imponer sus caprichos y sus dictados al pueblo de México mediante la manipulación -tanto directa como subliminal- de la opinión pública, todo gracias a la democracia por la cual tan arduamente luchó el pueblo de México.

Un aspecto aberrante de esa guerra sucia emprendida en las elecciones presidenciales del 2006 principalmente a través de los monopólicos pulpos mediáticos de la televisión en México es que, además de haber sido financiada con dineros negros provenientes de poderosos financieros mexicanos que hicieron pactos secretos y no-tan-secretos con la extrema derecha para impedir el ascenso a la silla presidencial del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, también fue financiada con dineros del pueblo de México, dineros que los mexicanos (y aquí estamos hablando de la gran mayoría, no de la minoría que está controlando las redes del poder) jamás habrían autorizado para tales efectos.

Quizá la urgencia prioritaria más importante de todas para una verdadera Reforma del Estado consista no sólo en arrebatarle de una vez por todas y para siempre a los grandes consorcios mediáticos su desmedida capacidad para poder alterar el curso de unas elecciones presidenciales con su presencia en el aire, sino en quitarles también esos dineros del pueblo de México que simple y sencillamente no se merecen. Pero sobre esto no están dispuestos a ceder ni un ápice, habido el hecho de que tanto para estos pulpos como para sus juramentados en el neo-fascismo sus intereses vienen primero y los intereses de los mexicanos vienen después, mucho después. Esto podemos verlo en el siguiente artículo publicado por la revista PROCESO en su número 1610:

La Guerra por el Futuro
Jenaro Villamil
Agencia APRO
9 de septiembre del 2007

La amenaza de perder la bolsa de más de 500 millones de dólares anuales destinados a spots para publicitar candidatos, partidos y servidores públicos desató la guerra de los concesionarios de radio y televisión (con Televisa y TV Azteca a la cabeza) contra el Congreso, y especialmente contra el Senado, donde se negocia la reforma constitucional en materia electoral, destaca Proceso en su número 1610.

Frente a la posibilidad de que se rompiera el consenso político por presiones de Los Pinos y de la Secretaría de Gobernación, las comisiones unidas del Senado presentaron el 5 de septiembre el anteproyecto de dictamen de la reforma, que finalmente incluyó un largo apartado de cambios al artículo 41 constitucional, el cual ordena “la prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo en radio y televisión”, la reducción del financiamiento público para los partidos al 50% y nuevas atribuciones para el Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros puntos.

Ante la reacción virulenta de los concesionarios –que insistieron en la defensa del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde–, el Senado decidió adelantar una semana la instalación del grupo plural que dictaminará la nueva Ley de Radio y Televisión, así como la de Telecomunicaciones. El viernes 7 todos los coordinadores parlamentarios acordaron impulsar la "democratización" del régimen de concesiones en radio y televisión.

La reacción de las televisoras incluyó la promoción y difusión de un desplegado con 45 firmas -con la de Hector Aguilar Camín, comentarista de Televisa a la cabeza- para manifestar que "la independencia y autonomía del IFE no puede entenderse al margen del principio de inamovilidad de sus integrantes".

Dos días después, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) criticó, en otro desplegado, la prohibición total de compra de spots porque, dice, va en contra de la libertad de expresión (¿?), y "las nuevas condiciones de prohibición y restricción comunicativa pueden limitar gravemente el surgimiento de figuras jóvenes y la renovación de los liderazgos en todos los partidos políticos" (¿?).

La resistencia de los concesionarios se hizo sentir en Los Pinos desde la tarde del 2 de septiembre. El vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, se reunió con el director de Comunicación Social, Maximiliano Cortázar, y con Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, para demandarles que evitaran una reforma electoral, según informes de integrantes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos en el Congreso de la Unión (CENCA).

Al día siguiente el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien había permanecido al margen, pretendió influír anunciando que las negociaciones "estaban rotas".

A partir de la reunión del 2 de septiembre y de las declaraciones de Ramírez Acuña, los panistas que participan en la CENCA rompieron el acuerdo sobre el relevo de todos los consejeros electorales y se pronunciaron por un "relevo escalonado" y por que permanecieran al menos tres de los nueve consejeros actuales.

La presión desde Los Pinos provino también de uno de los asesores de Juan Camilo Mouriño en temas electorales: Alejandro Poiré, director general de Análisis Político y quien fue titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE hasta 2005.

Poiré mantiene una buena relación no sólo con su ex jefe Luis Carlos Ugalde, sino también con quien fuera su profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa, quien le facilitó a Ugalde una amplia cobertura televisiva en la lucha por defender su pasado y, sobre todo, su futuro.

En el Senado, el legislador priista Jorge Mendoza, exfuncionario de TV Azteca y expresidente de la CIRT después de Bernardo Gómez, ha cabildeado intensamente a favor de los concesionarios señalando que no fueron consultados y que están "realmente sorprendidos" por la prohibición total a la compra de spots.

Las presiones y amenazas ahora son individualizadas. Emilio Azcárraga Jean, en un encuentro privado con Manlio Fabio Beltrones, impulsor de la reforma, le advirtió que la prohibición violaba "la libertad de empresa" (¿?) y le anticipó que lo tratarían igual que a Santiago Creel. El coordinador de los priistas en el Senado le respondió que no se dejarían presionar.

El proyecto de reforma agrega tres minutos a los 48 minutos diarios de los tiempos de Estado, que serían los únicos que se utilizarían para difundir campañas políticas. De acuerdo con el proyecto, el IFE será el responsable de administrar proporcionalmente estos 51 minutos en los tiempos de campaña.

También se eleva a rango constitucional "la prohibición a terceros de contratar o difundir mensajes en radio y televisión mediante los que se pretenda influír en las preferencias de los electores", así como beneficiar o perjudicar a cualquier candidato. La ley secundaria establecerá las nuevas atribuciones del IFE para sancionar a los infractores.


Reforma de medios


Para Jorge Alcocer, asesor y consejero de la CENCA, en el proyecto de reforma electoral la prohibición "es el cambio más trascendente que hemos hecho en México en materia de medios de comunicación".

“Vamos a un nuevo modelo de comunicación: es cero tiempo comprado en radio y televisión por todos los partidos políticos, y vamos a parar las campañas negativas y la promoción abierta de servidores públicos que tienen ambiciones políticas y usan el dinero público en radio y televisión”, sintetiza en entrevista Alcocer, presidente del Centro de Estudios para un Proyecto Alternativo de Nación.

Para el redactor principal de las propuestas, quien ha participado en las reformas electorales de 1989-90, de 1994 y de 1996, los cambios actuales constituyen “un trípode”: un nuevo modelo de comunicación social basado en “el fin de la spotización” de las campañas; un nuevo modelo de financiamiento que reduce en 50% los recursos para los partidos –que recibirán para 2009 cerca de 3 mil 664 millones de pesos en lugar de los 5 mil 339 millones que recibirían con la actual fórmula–, baja el tope de gastos para la campaña presidencial de 650 millones a 320 millones; y finalmente reduce a 90 días la campaña para la Presidencial y a 60 días para el Congreso federal.

–¿Qué sucedió entre el jueves 30 de agosto, cuando se presentó el anteproyecto de reformas, y el 5 de septiembre, en que finalmente incluyó la prohibición total de la compra de spots? –se le pregunta a Alcocer.

–En materia de medios se analizaron varios escenarios. El más obvio era dejar todo como está, pero ningún partido defendió esto. Empezamos a analizar modelos mixtos de otros países, que permiten contratación pagada y pública, y los modelos puros como el caso francés, el chileno y la nueva legislación brasileña en materia de partidos políticos y medios.

“Cuando se presentó la iniciativa no estaba decidido si esta legislación necesitábamos vaciarla a la Constitución. El senador Beltrones dijo: ‘Vamos a ir a un nuevo modelo de comunicación social’, y los partidos decidieron acordar un modelo puro, que sólo se utilicen los tiempos estatales. Se decidió darle una sólida base constitucional para evitar futuros amparos”.

Entrevistado en sus oficinas del centro de estudios, Alcocer sintetiza: “Los partidos no podrán presentarle al IFE ninguna factura por servicios de tiempo en radio y televisión. La prohibición es a los partidos políticos todo el tiempo”.

El mismo día que se presentó el anteproyecto de dictamen de reforma constitucional, el senador perredista y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo, señaló que la prohibición total “facilita y alienta enormemente la reforma a los medios”, después de la resolución de la Suprema Corte en contra de la Ley Televisa.

Los legisladores decidieron adelantar una semana la instalación del grupo plural que preparará las reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones. En ese grupo participarán los coordinadores de las seis fracciones, los presidentes de las comisiones dictaminadoras ángel Aguirre, del PRI; Carlos Sotelo, del PRD; Alejandro Zapata, del PAN; los legisladores panistas José Sacramento, Humberto Aguilar y Marcos Cortés; los priistas Francisco Arroyo y Raúl Mejía; los perredistas Pablo Gómez y David Jiménez; Gabino Cué, de Convergencia; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde (que dictaminó en la legislatura pasada a favor de la Ley Televisa); y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo.

Durante la instalación del grupo plural, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y coordinador del PAN, condenó el uso de la pantalla para “atacar a cualquier legislador”. “Estamos conscientes de que hay posiciones encontradas en este momento en materia electoral, pero no debe ser pauta para proscribir a nadie de las pantallas o micrófonos de la radio y la televisión”, afirmó.

A su vez, el senador Pablo Gómez, excoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados y que votó a favor de la Ley Televisa el 1 de diciembre de 2005, hizo una autocrítica: “Tenemos que superar los desacuerdos y los extravíos de la pasada legislatura. El Congreso tiene una asignatura pendiente”.

Consultado sobre el futuro de esta reforma, el senador Carlos Sotelo precisa que el grupo plural tiene una vigencia de seis meses; en los próximos tres meses el dictamen puede estar terminado y será presentado ante el pleno.

Precisa Sotelo que están contemplando reformas al artículo 6 de la Constitución “porque el debate de la Suprema Corte sobre la Ley Televisa se concentró en este artículo”, los artículos 27, 28 y una parte del tercero. La reforma electoral ya incluye un agregado para elevar a rango constitucional el derecho de réplica.

Un día antes de la instalación del grupo, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el del PRD, Carlos Navarrete, coincidieron en que sus fracciones no van a “doblarse” ni aceptarán “presión o chantaje” para frenar la reforma electoral. “Si no hay una estrategia mediática consentida por los poderes fácticos y los interesados, se parece mucho”, sentenció Beltrones.


Debate Electoral e Intereses


En su noticiero estelar del 5 de septiembre y en los posteriores, Televisa omitió informar sobre el contenido del anteproyecto y dedicó la mayor parte de su espacio a que el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, defendiera su permanencia en el cargo.

Un desplegado con 45 firmas –de académicos, escritores, periodistas y encuestadores– recibió una gran difusión en ambas televisoras. En el documento, los firmantes insistieron en la permanencia de los consejeros del IFE porque “su sustitución anticipada, sin razones fundadas y sin recurrir a los canales establecidos para ello, sienta un precedente negativo no sólo para el IFE sino para el conjunto de los órganos autónomos”.

Sin embargo, por lo menos tres de los consejeros electorales –Rodrigo Morales, Marco Antonio Gómez Alcántar y Lourdes López– se deslindaron de la batalla mediática que encabeza Ugalde para defender su permanencia en el instituto. “Para nosotros, el tema medular es la reforma al gasto en los medios de comunicación. Si nos quedamos o nos vamos es un asunto absolutamente secundario”, afirmó Rodrigo Morales en las instalaciones del IFE.

Consultado sobre la posición de Ugalde y de los firmantes del desplegado, José Fernández Santillán, profesor de Ciencias Políticas en el ITAM y quien fue consejero suplente de Emilio Zebadúa en el IFE, opina:

“Lo que está sucediendo en la pantalla es que hay una defensa interesada de los consejeros para atacar una reforma que conllevará la pérdida de millones de dólares. Algunos de los firmantes son amigos con los que emprendí batallas políticas e intelectuales. Ahora no estoy de acuerdo con ellos (...) La voz de otros suena como el eco de las televisoras, por los compromisos económicos que tienen con esas empresas”.

Sobre la presunta violación a la autonomía del IFE, Fernández Santillán señala que “todo mundo ha dado su opinión, pero no se le ha pedido su opinión a los propios empleados y funcionarios del instituto. Ellos son testigos de cómo este Consejo General ha ido en contra de la institucionalidad. Han convertido al IFE en un centro de acopio patrimonialista porque han metido en funciones claves a sus cuates, amantes o incondicionales”.

Para Jorge Alcocer, es “una barbaridad” decir que la salida de los consejeros viola la Constitución o implica reconocer el fraude electoral de 2006, como ha dicho Luis Carlos Ugalde. “La autonomía del IFE no son nueve personas, mucho menos una. La autonomía es toda una construcción jurídica que protege, no a las personas sino a una institución, de la injerencia indebida de los poderes públicos y de los poderes fácticos”, afirma.

–El grupo que firma el desplegado considera que sí se viola la autonomía. ¿Qué opina usted?

–Creo que ese respetable grupo debería recordar la historia y que estos pactos políticos que permitieron ir hacia la transición a la democracia no los hicieron arcángeles, sino fueron pactos entre fuerzas políticas y entre poderes públicos.

“¿Por qué lo que ayer era bueno hoy es malo? ¿Por qué el acuerdo político del 94 para despedir a los seis consejeros magistrados, el del 96 para sustituir los seis y poner a nueve sí fue admisible y hoy no? La reforma es lo que está aquí: son los medios, el dinero, los gastos de campaña, las nuevas facultades del IFE y el tribunal electoral. Lo demás es accesorio.

–Es accesorio, pero está atorando la negociación y es utilizado por los medios masivos. ¿No hay un riesgo de que esto atore todo?

–Entiendo perfectamente la resistencia del PAN porque no estamos hablando de un cambio de consejeros preventivo, como sucedió con la crisis del 94, o de un cambio derivado de una reforma estructural, como en el 96. Pero tenemos que en 2006 hubo un conflicto poselectoral muy grave.

El siguiente cartón de Hernández publicado por LA JORNADA el 9 de septiembre del 2007 ejemplifica irónicamente la manera tan desesperada en la cual Luis Carlos Ugalde se está aferrando con necedad a su chamba, reacio en tener al menos la dignidad de presentar su renuncia con el fin de no seguir siendo una manzana de la discordia y, más importante aún, con el fin de no seguir siendo la excusa, el pretexto, utilizado por TELEVISA y su amoral hermana TV Azteca, para impedir a como dé lugar que el Congreso de la Unión les pueda quitar esos dineros del pueblo de México a los cuales creen tener derecho absoluto e irrevocable:

Por su parte, la revista Siempre! del 9 de septiembre del 2007 en el editorial alusivo a su portada principal:

asienta lo siguiente:

Vacuna contra los abusos del dinero

No importa la opinión que se tenga sobre los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2006. Es incuestionable que la República no resistiría otras elecciones federales tan impugnadas, tan divisivas como las del año pasado. Ese es el motivo de la reforma electoral que se discute en el Senado de la República.

No es la suerte de los actuales consejeros del IFE. No son las personas las que importan, sino la urgencia de fortalecer el sistema y las instituciones electorales, y así subsanar las deficiencias y lagunas a la vista de todos los que observaron el proceso electoral de 2006.

Es inmoral pretender ignorar el juicio lapidario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar las elecciones presidenciales del año pasado. Cuando el tribunal dictamina que los comportamientos del ex presidente Fox y de algunos poderes fácticos pusieron en riesgo la elección, dio la señal para que se actúe para evitar que la elección presidencial vuelva a estar en riesgo.

¿Acaso no fue suficiente la advertencia de que al estar en riesgo la elección presidencial el país estuvo muy cerca de una confrontación que bien pudo ser violenta? Esa es la razón de la reforma electoral a discusión en el Congreso de la Unión. Vacunar a las instituciones y al sistema electoral contra comportamientos ilegales y abusivos.

Hay muchas medias verdades sobre esa reforma, medias verdades que resultan verdaderas mentiras. No se reinventan las instituciones ni el sistema electoral. La exposición de motivos leída en el Senado lo dejó claro: "...No se propone empezar de nuevo; sino consolidar lo que, bajo el tamiz de la experiencia, probó eficacia democrática y buenos resultados; queremos corregir lo que no funcionó y, sobre todo, seguir construyendo soluciones que hacen más amplio el camino de la democracia".

Es como si los opositores a la reforma electoral (léanse TELEVISA, TV Azteca, Radio Fórmula, los grandes suprafinancieros mexicanos, la Organización Nacional del Yunque y los cabecillas de la misma) quisieran que se reeditaran en las elecciones legislativas federales no sólo los abusivos comportamientos de poderes oficiales y poderes fácticos, sino que preferirían que siguiera el derroche de recursos que ofenda a una sociedad agraviada por la desigualdad y la pobreza.

Si se consiguió estructurar una iniciativa de reforma electoral fue porque el diálogo y la negociación funcionaron no sólo como herramienta coyuntural, sino como experiencia que podemos hacer cotidiana para el bien de la República. Es una cortina de humo el intento de centrar la discusión de la reforma electoral sólo en la eventual remoción, escalonada o no, de los consejeros del IFE.

En cierta forma se denigra la política con ese esfuerzo de devaluar la reforma electoral y centrarla sólo en la discusión sobre la suerte de nueve consejeros del IFE. En la discusión sobre las personalidades en el IFE se soslayan aspectos torales de la iniciativa de reforma electoral. Intencionalmente se soslaya su intención de disminuir significativamente el gasto en las campañas electorales, porque el insultante gasto de campañas sólo beneficia a unos cuantos (léanse TELEVISA y TV Azteca). Les conviene callar que la iniciativa de reforma electoral presenta una forma de cálculo que reduciría en 70 por ciento el financiamiento público en las elecciones legislativas y en 50 por ciento en las presidenciales.

En la cortina de humo del debate sobre los consejeros del IFE se pretende ignorar que se pondrán límites menores al financiamiento privado, con lo cual se reduciría el riesgo de que el dinero negro de la delincuencia o de muchos poderes fácticos se infiltre en los gastos de campaña de los partidos. Así se pondría fin al permanente riesgo de que sea el dinero, no las propuestas o los programas sometidos a consideración de los votantes, el que decida los resultados de las elecciones. Podrá ser una fórmula imperfecta, pero las democracias más consolidadas no han encontrado la fórmula ideal para evitar que el dinero se convierta en el eje central de la política. Cuando menos la fórmula imperfecta cierra los caminos al dinero negro.

También se calla el fortalecimiento de las instituciones electorales. No dicen los críticos de la reforma que al IFE se le dan facultades para fiscalizar con más rigor, para sancionar con más vigor y para ser intolerante con los comportamientos ilegales de personas, organizaciones, empresas o partidos. Los críticos de la reforma electoral temen, quizá, a las barreras creadas para el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido o candidato, o para promover ambiciones personales de índole política.

Sobre todo, los críticos de la reforma le temen a procesos electorales equitativos, jurídica y legalmente equitativos, cuyos resultados sean irreprochables. Le temen a la reforma porque le ata las manos a tantos que desde la sociedad o desde el poder manipulan los procesos electorales. Sobre todo, critican la reforma electoral porque a muchos de los miembros de las élites políticas les falta grandeza. La grandeza que sí tuvieron aquellos que en 1996 pusieron en marcha la auténtica transición democrática de la República.

Veamos ahora lo que nos dice el conocido analista Jorge Zepeda Patterson:

La Televisión y la Guerra por el IFE

La mayor parte de las cosas decisivas en este país suelen suceder en lo oscurito. Pero la batalla que el Congreso y las televisoras están librando se realiza en terreno descampado y a la vista de todos. La colina que se disputa palmo a palmo es la permanencia o la salida de los consejeros del IFE, pero nadie ignora que eso sólo es el pretexto. Primero un recuento de hechos, luego una explicación de lo que podría seguir.

El miércoles pasado los legisladores acordaron un proyecto de dictamen sobre la reforma electoral. Ya se sabía que vendría un recorte en el período de las campañas, y en los topes de gasto; se anticipaba también un mecanismo de recambio de los consejeros electorales que el PAN estaba concediendo a regañadientes. Pese a la oposición de Manuel Espino y su corriente, los panistas no tenían opción porque sus rivales habían condicionado la salida de Ugalde y compañía como requisito para votar la reforma fiscal. Y desde luego nadie estaba dispuesto a sacrificarse por el cuestionado presidente del IFE. El martes pasado todo mundo había asumido que, así planteada, la reforma electoral estaba totalmente cocinada.

Pero el proyecto del miércoles incluyó una verdadera bomba: la prohibición de contratar tiempos de televisión y radio para las campañas políticas. Esto significa que los medios electrónicos dejarán de recibir el equivalente al 70 por ciento de lo que se gastan los partidos políticos con dinero proveniente de nuestros impuestos. Una fortuna que en 2006 representó 2 por ciento de la facturación de Televisa y hasta 30 por ciento de algunos concesionarios de radio regional. Que los legisladores incluyeran este punto no fue una total sorpresa, pero las televisoras habían confiado en que sus presiones lograrían eliminarlo del proyecto de reformas. Posteriormente Labastida Ochoa, ahora senador, señaló que algunos de sus colegas con aspiraciones de convertirse en gobernadores, habían sido advertidos por Televisa de no promover ese punto de acuerdo o serían eliminados en términos mediáticos.

La reacción de las televisoras fue fulminante. La noche del miércoles el noticiero de López Dóriga fue convertido en una plataforma de misiles en contra de los partidos. Durante media hora desfilaron declaraciones de empresarios, intelectuales y el presidente del IFE para clamar en contra de la partidocracia y el crimen que se estaba cometiendo en detrimento de la ciudadanía (¿?). Obviamente el campo de batalla que eligió Televisa no fue el asunto de los gastos de campaña, sabedora de que la opinión pública nunca apoyaría sus pretensiones. Prefirió hacer de la defensa de Ugalde y los consejeros del IFE el instrumento para torpedear la reforma electoral con la esperanza de que una revisión posterior eliminara las cláusulas que le perjudican. No calcularon mal. En el noticiero de la noche siguiente ya recogían el testimonio de legisladores panistas y de algunos partidos pequeños sobre la necesidad de volver a discutir el tema e incluso lanzarlo a una consulta popular. Más de un priista coincidió con ellos. Una vez más, parecía que las televisoras habían ganado la batalla. (Comentario: En esta andanada mediática, no se hizo mención alguna de que muchos de los spots de la guerra sucia del 2006 no fueron transmitidos por los partidos políticos, los únicos que estaban autorizados por la Ley para ello, sino por particulares, en abierta violación a lo especificado en el Código Federal Electoral, y de todos modos las televisoras radiaron esa basura a sabiendas de que se estaban convirtiendo en cómplices de un delito que hasta la fecha permanece sin castigo. Nada de esto mencionaron ni Joaquín López Dóriga, ni Javier Alatorre, ni los "intelectuales" a sueldo de la empresa Radio Fórmula.)

Pero el viernes los legisladores contraatacaron. Ese día varios diarios nacionales destacaron en portada el ataque de las televisoras y publicaron los testimonios de senadores sobre la amenaza a sus carreras políticas. Pero sobre todo se sacaron de la manga un as inesperado: anunciaron la reanudación de los trabajos para elaborar una nueva ley sobre televisión, informando que revisarían el periodo de las concesiones y la conveniencia de romper monopolios (es decir, tercera cadena). En el noticiero de esa noche, Televisa prefirió concentrarse en los huracanes y en el cambio climático. La semana había terminado con un empate de fuerzas.

Lo que sigue sucederá en las cámaras pero no en las de televisión. Probablemente ni siquiera en las legislativas, sino en las recámaras ocultas de las negociaciones entre los poderes de facto. La reforma electoral requiere dos tercios del voto legislativo, para lo cual necesitan del PRI y del PAN. Es al interior de esos partidos donde se dará la batalla decisiva.

Por el lado del PRI, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores, ha convertido este dictamen en su carta de presentación para convertirse en eventual candidato presidencial. Pero algunos gobernadores poderosos (Bours, Natividad y Peña Nieto), no quieren enturbiar sus relaciones con los medios electrónicos para no entorpecer sus propias aspiraciones presidenciales. Por otra parte, habrá que analizar con lupa el comportamiento de Emilio Gamboa, pieza clave de este entuerto, por ser el coordinador de los diputados priistas. Hasta el miércoles apoyaba decididamente el dictamen pero en los últimos días se ha limitado a hablar de la reforma fiscal. No hay que olvidar que Gamboa es considerado el gran personero de los intereses de Televisa en el poder legislativo.

En el PAN estará por un lado Santiago Creel, coordinador de los senadores, y por el otro el ala dura de su partido encabezado por Manuel Espino y Federico Doring (hace tiempo que Televisa sólo entrevista a Doring, Creel desapareció de sus noticieros). La ausencia de Calderón, de visita en Asia y Oceanía, y la intrascendencia del secretario de Gobernación, permiten suponer que esto no se resolverá hasta el regreso del presidente a media semana. En principio, Calderón coincide con Creel: conceder en lo electoral para obtener su ansiada reforma fiscal. Pero no hay que descartar la presión que los medios electrónicos ejercerán sobre Calderón. Para ellos habrá llegado el momento de cobrar algunas facturas políticas pendientes del verano del 2006.

Con frecuencia se ha dicho que el éxito o el fracaso de Calderón dependerán de su capacidad para imponer límites a los privilegios de los monopolios que impiden los cambios de fondo. Ha llegado la hora. Si no consigue ganar esta batalla, que ni siquiera ha sido suya, la suerte estará echada. En cierta forma el sexenio habrá terminado en cuanto a la posibilidad de cambios reales. Sólo le quedará dedicarse a gestionar cinco años y tratar de evitar que el país se desfonde.

La actitud chantajista del duopolio en contra de los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión está bien resumida en el siguiente cartón de Helioflores publicado por el periódico EL UNIVERSAL el 10 de septiembre del 2007:

La propuesta de reforma electoral no sólo es un veneno a los intereses económicos de los pulpos mediáticos televisivos en México que están resultando ya tan nefastos para México como el fascismo y el nazismo lo fueron para España y Alemania, respectivamente. Es también una amenaza directa a los intereses de la clandestina ultraderecha mexicana, la cual seguramente tiene planeada ya una repetición para las elecciones presidenciales a ser celebradas en el 2012 usando las mismas tácticas de guerra sucia que distinguieron los cuestionables procesos electorales del 2006. Aunque a causa de un infiltradísimo Partido Acción Nacional, controlado desde su cúpula por un Yunquista endurecido en las ideologías de la extrema derecha, la reforma electoral quede por lo pronto estancada, los sucesos recientes comprueban un hecho importante: los juramentados del nazi-fascismo mexicano están topándose con una resistencia cada vez mayor no sólo ante un sector creciente del pueblo de México sino también en el Congreso de la Unión, conforme se siguen generando anticuerpos en respuesta al virus letal que amenaza con apoderarse por completo del país. Y esto último, tal vez sea la mejor noticia de todas.

Lo que hemos estado viendo es un enfrentamiento de proporciones históricas. Es un duelo de titanes. Y sobre la base de que, por la vía de los procesos electorales, el Congreso de la Unión está representando los intereses del pueblo de México, mientras que en el bando contrario imperan los intereses de un grupúsculo pequeño de soberbios y poderosos empresarios que se han aliado con lo peor que ha producido el país en cuestiones de fanatismo recalcitrante, un grupúsculo que no representa ni siquiera a la millonésima parte de la población mexicana, en cierta forma lo que tenemos es una lucha que se está llevando a cabo entre el pueblo de México y la extrema derecha aliada al duopolio televisivo, una lucha para la cual estas empresas no vacilarán en recurrir abusivamente a la manipulación de la opinión pública emprendiendo de nuevo una guerra sucia esta vez ya no en contra de un candidato presidencial de la izquierda sino en contra de los representantes del pueblo de México. Ante la actitud anti-nacionalista (y no estamos hablando en el sentido nazionalista usado por la extrema derecha mexicana, sino su sentido positivo) exhibida por los pulpos mediáticos televisivos, ¿habrá llegado la hora de retirarles de una vez por todas y para siempre las concesiones tanto al archimillonario Emilio Azcárraga Jean, el cual está destilando ya soberbia a raudales como lo demuestra el siguiente cartón de Hernández publicado en LA JORNADA el 10 de septiembre del 2007

como a su igualmente archimillonario colega Ricardo Salinas Pliego, tal y como lo hizo el Presidente venezolano Hugo Chávez, por el simple y llano delito de tración a la patria que no requiere más justificaciones que ésta para ello? Por lo pronto, Spectator reproducirá algo que está circulando difusamente a través de Internet que manifiesta exactamente la imagen que de estos envilecidos negocios tiene una cantidad cada vez mayor de mexicanos:

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POST SCRIPTUM:

En las maniobras de "defensa" de los intereses de los grandes pulpos, los lacayos de los consorcios mediáticos terminaron cayendo en verdaderas aberraciones. El 12 de septiembre del 2007 la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CRIT) solicitó un "referéndum" para la aprobación de las reformas a la Ley Electoral, lo cual era realmente una táctica dilatoria para ganar tiempo retrasando indefinidamente las reformas. Tenemos que preguntarnos aquí: ¿Y desde cuándo se vuelve necesario convocar al pueblo entero a un referéndum por un asunto en el cual los únicos realmente afectados a fin de cuentas son un puñado de barones del dinero que van tras dinero que es del pueblo de México? Sobre todo cuando no es un secreto el que apenas mes y medio antes se sabía ya que las ganacias de TELEVISA habían descendido 21 por ciento en el segundo trimestre del 2007.

En su nueva andanada, TELEVISA, TV Azteca, Radio Fórmula y sus vocingleros con sueldo "de estrellas" como Joaquín López-Dóriga y Javier Alatorre han estado repitiendo sin cesar como pericos que la lucha que están emprendiendo es una lucha no en defensa de los cientos de millones de pesos del erario público que perciben por los spots de las campañas presidenciales, sino en defensa de la democracia y, sobre todo, la libertad de expresión. ¡Vaya! Ahora resulta que TELEVISA está "defendiendo la democracia". ¿Y en dónde estaba TELEVISA cuando, en los tiempos del gobierno unipartidista, en los tiempos de la democracia simulada, una democracia que mantuvo al país en un atraso ignominioso y la cual padeció el país por demasiadas décadas, el padre de Emilio Azcárraga Jean, Emilio Azcárraga Milmo alias "El Tigre" (¿de papel?) se proclamó públicamente como "un soldado del PRI", y también proclamó públicamente a TELEVISA como priista? (Véase el blog La Sombra de Televisa) ¿Ya se les olvidó? ¿O se hacen como que se les ha olvidado? En el primer caso, manifiestan debilidad mental. Y en el segundo caso, manifiestan maldad. Así que, señores de TELEVISA, antes de proseguir por favor aclaren al pueblo de México si son tarados o si son malvados.

Los aullidos de la hidra de varias cabezas pronunciados el 12 de septiembre del 2007 tuvieron una razón de ser: en ese día, y pese a las amenazas de lo que ya estaba actuando abiertamente como una verdadera mafia, el Senado aprobó las reformas a la Ley Electoral.

A continuación tenemos el corolario a la historia que comenzó aquél histórico miércoles 5 de septiembre del 2007 y llegó a su punto culminante una semana después, precisamente en el mes de la Patria, al irse acercando las festividades de la Independencia de México:

El embate de la telecracia
Jenaro Villamil
Agencia APRO
12 de septiembre del 2007

Los dueños de los medios electrónicos, principalmente los de Televisa y TV Azteca, alentaron en las últimas horas un embate en contra del Senado de la República para frenar una reforma constitucional en materia electoral que afecta el núcleo central de su poder: la posibilidad de que a través de la pantalla ellos influyan, decidan, censuren o destruyan a cuanto político afecte sus intereses.

No es únicamente los casi 20 mil millones de pesos –según cálculos de distintos especialistas-- que dejarán de recibir ante la prohibición absoluta de compra de spots y de gacetillas electrónicas.

De esos 20 mil millones de pesos –cerca de dos mil millones de dólares, 70 por ciento se quedan en Televisa y TV Azteca, y 13% por ciento en sólo 9 grandes grupos radiofónicos.

Su preocupación va más allá del dinero. Ellos ya convirtieron las señales concesionadas de un bien público en un intermitente supermercado electrónico donde todo se vende: desde la diversión más chabacana hasta la propaganda política disfrazada de “información” o de “entrevistas especiales”.

Los concesionarios comercializan entre el sector privado más de 18 minutos por hora en publicidad abierta o encubierta. La publicidad política –así lo ha reconocido el mismo Emilio Azcárraga Jean- sólo representa el 4 por ciento de sus ingresos, por tanto, no hará caer sus inversiones en la bolsa de valores.

Tampoco les preocupa la libertad de expresión, a pesar que ahora se envuelvan de nuevo en esta demagogia que revive cada vez que se plantea una regulación. Los principales censores de periodistas, conductores, políticos o analistas que no están de acuerdo con sus intereses son ellos mismos. Ahí está la historia del litigio entre Canal 40 y TV Azteca donde Salinas Pliego utilizó todo para asfixiar una opción distinta. Ahí está el expediente abierto del litigio entre José Gutiérrez Vivó y Grupo Radio Centro. Ahí está el bloqueo de Televisa y TV Azteca a la posibilidad de que exista una tercera cadena que les haga competencia.

Mucho menos les preocupa la autonomía del IFE o la “ciudadanización” del organismo electoral. Han utilizado a un desacreditado Luis Carlos Ugalde como pretexto para frenar el dictamen de las reformas constitucionales.

En realidad, la preocupación fundamental de los dueños de medios electrónicos es la posibilidad de perder el enorme poder político que adquirieron durante los últimos seis años, a raíz de que las elecciones se “hipercomercializaron” y los spots se transformaron en la mercancía más cara de todas.

Cualquier partido, político o ciudadano que quiera promoverse en Canal 2, en horario de mayor rating, tiene que pagar, por sólo 30 segundos de promoción, más de 600 mil pesos. Es el precio más alto del mundo: 60 mil dólares por un suspiro de publicidad que, por supuesto, para ser eficaz, debe repetirse intensamente.

Ese poder político alcanzó dimensiones escandalosas durante el gobierno de Vicente Fox. Ahí está la imagen de Bernardo Gómez besándole la mano a Marta Sahagún, en agradecimiento al “decretazo” del 2002. Ahí está la ceremonia en Valle de Bravo, organizada por los funcionarios de Televisa, para presionar a todos los candidatos presidenciales a que permitieran la aprobación de la Ley Televisa que les otorgaría el dominio perpetuo del espectro radioeléctrico. Ahí está la impunidad de TV Azteca para apropiarse de la señal de Canal 40, más por las malas que por las buenas.

El embate de los concesionarios es, quizá, el inicio de una nueva guerra sucia que pondrá a prueba el poder público frente al poder de la telecracia. En medio de esta batalla, lo que está en juego es el futuro de la calidad democrática mexicana, ahora secuestrada por el rating.

Pese al triunfo inobjetable logrado en el Congreso de la Unión por los promotores de las revolucionarias iniciativas, a los pulpos todavía les quedan varias opciones. Ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentando que la nueva Reforma Electoral "lesiona la libertad de expresión". Por otro lado, puesto que la Reforma Electoral es una reforma constitucional, tiene que ser aprobada por lo menos por quince estados de la república, y aquí es en donde se enfoca la nueva andanada mediática "en defensa de la libertad de expresión", aunque en varios estados los pulpos y sus concesionarios cuentan ya con muy pocas simpatías después del uso abusivo de su poder mediático del que hicieron gala a la vista del mundo entero. Tras ser aprobada por la cantidad mínima de estados requerida para su implementación, la nueva Reforma Electoral tiene que ser firmada por Felipe Calderón, y aquí sería la ocasión para tratar de presentarle todas las facturas pendientes que le tienen acumuladas, aunque en el caso de tratar de aplicar un veto presidencial en defensa de los intereses del duopolio Felipe Calderón posiblemente le estaría dando a su propia presidencia el beso de la muerte por los cinco años restantes. No dando resultado estas maniobras, entonces se puede acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de allí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para darle largas al asunto. Y mientras tanto, aún publicada la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación, queda como tabla de salvación la vía legaloide, que consiste en tramitar un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, y tras esto "alabar" intensamente noche y día a través de los noticieros a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia como "defensores imparciales de la libertad de expresión" con el fin de presionarlos día tras día, dejándoles como única opción honorable para mantener su buena reputación como jueces imparciales e impecables el fallar en contra de la nueva Reforma Electoral "por violentar la Constitución". Así, tras el fracasado enfrentamiento en contra del Poder Legislativo, el pulpo mediático tratará de doblegar al Poder Judicial, esto está casi garantizado.

Como pueden ver los apreciables lectores de Spectator, la cosa va para largo, tal y como ocurre en las telenovelas de TELEVISA y TV Azteca. Con la diferencia de que aquí sólo puede haber un "final feliz" aceptable para los pulpos mediáticos. Manténganse todos sintonizados al canal de su preferencia para ver los episodios de esta novela de la vida real y, sobre todo, su gran final.